¿Qué se esconde tras el contrabando fronterizo? ( II parte)

Más allá de los "pimpineros"

La Opinión publicó que tras la activación del plan de lucha contra el contrabando, la gasolina en Cúcuta se hizo 35% más costosa.
En Cúcuta, una "pimpina" (recipiente) con 22 litros de gasolina venezolana se vende entre 28 mil y 30 mil pesos (de 14 a 15 dólares), mientras que esa misma cantidad de combustible en Venezuela cuesta apenas unos 3,3 dólares. Esta gasolina de contrabando es comercializada en Colombia por la conocida Cooperativa Multiactiva de Pimpineros del Norte, cuyos miembros le otorgan al mismísimo Gobierno departamental el 10% de las ganancias sobre cada pimpina contrabandeada.

Aún así, los pimpineros son la expresión aguas abajo de la cadena, pues en realidad la inmensa mayoría de la gasolina que viene de Venezuela va a parar a las enormes cisternas de Ecopetrol, empresa que luego exporta combustible venezolano bajo la etiqueta "Made in Colombia" a países como Perú, Guatemala, etc. De hecho, gracias a este saqueo indiscriminado, Ecopetrol es considerada ahora una de las empresas más poderosas de América Latina (después de Petrobras).

Los exgerentes venezolanos de Pdvsa  Luis Giusti, Ronald Pantin y Humberto Calderón Berti asesoraron al expresidente colombiano Álvaro Uribe Velez y a su ministro de Hacienda, Roberto Junguito, para diseñar este plan. Luis Giusti, Ronald Pantin y Humberto Calderón instalaron en Colombia (gracias a los dólares que también sustrajeron a Venezuela) las empresas Pacific Rubiales, Alange Energy y Vectra.

Estas tres empresas han administrado los llamados Centros de Acopio Fronterizo, a donde ingresa por contrabando la gasolina venezolana que, según la legislación aprobada por el gobierno uribista, una vez que ingresa a Colombia es nacionalizada sin pago de aranceles ni declaración de contenido, volumen o peso. Luego, estas tres empresas están autorizadas por decreto para vender el combustible "nacionalizado" a través de Ecopetrol.

La mafia de los cambistas

 

A su vez, en Cúcuta, hay decenas de casas de cambio reglamentadas y convertidas en agentes de cambio fronterizo durante el gobierno de Uribe. En una zona fronteriza de no más de tres cuadras, llamada La Parada, los denominados cambistas deciden, nadie sabe en base a qué, una tasa no oficial para el cambio de pesos colombianos por bolívares venezolanos. De hecho, las páginas web que publican, en contra de la ley venezolana, el precio del dólar paralelo, como Dólar Today, lo primero que hacen cada mañana es llamar a las casas de cambio de Cúcuta.

"El primer eslabón del contrabando está en la fijación del precio del bolívar en la frontera. A ver, el Banco de la República de Colombia, que equivale al Banco Central de Venezuela, tiene hoy fijada una tasa de 170 pesos por bolívar, o sea 1 bolívar vale según la banca oficial 170 pesos en Colombia. Es decir, si yo voy con un bolívar me deberían dar 170 pesos. Pero si esto fuera así, el contrabando ya no tendría sentido porque no habría ganancia. Si 1 bolívar me cuesta 170 pesos para adquirir un kilo de arroz yo tendría que llevar 11 bolívares, que serían casi 1900 pesos, y ese precio ya no sería apetitoso para el colombiano".

"Entonces, ¿qué hacen estas casas de cambio? Fijan un precio paralelo distinto. Hoy, los cambistas decidieron dar 23 pesos (en vez de 170) por bolívar. O sea, se quedan con 147 pesos en cada operación que se hace con 1 bolívar. Ese es el meollo del contrabando: si yo como cambista sigo empobreciendo el bolívar, si fabrico un bolívar "devaluado", voy a poder tener un peso cada vez más fuerte, y voy a poder llevarme más productos y más productos a un valor ínfimo", explica Juan Carlos Tanus.

¿Quiénes son los cambistas mayores?

"Hay un grupo muy poderoso políticamente en la frontera que necesita tener dinero para mantenerse así. Es una mafia de seis o siete familias vinculadas al paramilitarismo y que mantienen toda su hegemonía gracias al dinero generado por el contrabando. Compran votos, alcaldías, gobernaciones, controlan todas las alcabalas, sobornan a la policía, al ejército, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (equivalente al SENIAT)... Incluso hay un ministro de Colombia nacido en Cúcuta que está muy involucrado con esto", agrega Tanus.
En este sentido es necesario recordar el caso de Rafael Augusto Rodríguez Pantaleón, dueño de la casa de cambio Cordillera, con sede en Cúcuta, y quien le suministraba al conocido paramilitar y comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, cantidades importantes de sustancias para la preparación de cocaína. Tras la venta de la droga, el dinero era lavado por medio de varias empresas, incluyendo su propia casa de cambio, donde existía una lista en la que figuran las cédulas de miles de venezolanos que supuestamente vendieron allí sus dólares y euros. Algo que jamás ocurrió.

Un gobierno cómplice

"El presidente Juan Manuel Santos conoce muy bien la problemática, pero también sabe que cuando decida atacar y controlar realmente el contrabando pues ese mismo día se cae su gobierno. El Gobierno colombiano tendría que intervenir las casas de cambio o decirles que a partir de hoy se compra 1 bolívar a 170 pesos, pero no lo va a hacer porque no puede ofrecerle a su pueblo productos tan baratos como los sustraídos de Venezuela a través del contrabando y menos teniendo que cumplir con sus 14 Tratados de Libre Comercio. El tema económico en Colombia es bastante complejo. Los indicadores muestran una nación consolidada basándose en la banca y el sector de los industriales, pero nunca se incluye cómo les va a los 27 millones de pobres colombianos", sentencia el integrante de Colombianos y Colombianas en Venezuela.

Justamente, sectores cercanos a la administración del presidente Juan Manuel Santos realizan paros cívicos en territorio colombiano para exigir la flexibilización de estas medidas. Esta acción busca –además– entorpecer convenientemente las relaciones entre Caracas y Bogotá. Por algo la canciller colombiana, María Ángela Holguín, se ha lavado las manos desde el inicio: "Estas son medidas unilaterales del Gobierno de Venezuela. Esto en ningún momento fue una decisión consensuada entre los dos presidentes".

A esto se le suman las protestas violentas que se han suscitado en el sector Las Pilas de San Cristóbal y en Táriba, en el estado Táchira, por encapuchados evidentemente financiados por los contrabandistas. Tanus advierte: "El Gobierno venezolano debe prepararse para situaciones preocupantes porque algunas voces en la frontera incluso dicen que ya se está creando un fondo para financiar acciones de desestabilización en Venezuela".